Tribunal de los Derechos de la Naturaleza declara culpables a empresas mineras canadienses por violar los Derechos de la Naturaleza en América Latina y Serbia
Una participación destacada en el juicio la tuvieron los chilenos Valeria Sepúlveda, quien testificó como presidenta de Parque para Penco, y Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), quien actuó como uno de los jueces del Tribunal Internacional. Ambos son integrantes del Movimiento por el Agua y los Territorios – MAT. La sentencia oral del Tribunal denuncia además la impunidad empresarial en Chile, Argentina, Ecuador y Serbia, destacando las violaciones relacionadas con la extracción de litio, uranio y oro, y pidiendo la protección urgente de los ecosistemas naturales y las comunidades afectadas.
El 6º Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza se reunió el 28 de febrero de 2025 en la Universidad de Toronto (Canadá) para analizar los devastadores efectos de las industrias extractivas canadienses, en particular sobre los pueblos indígenas y sus comunidades, los sistemas hídricos y los ecosistemas críticos de todo el mundo. Con casos que abarcaban Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Serbia y el propio Canadá, el Tribunal, cuyo tema era «Los impactos de la minería y la era post-extractivismo«, escuchó desgarradores testimonios de defensores y defensoras de primera línea, expertos jurídicos y activistas ambientales que expusieron el papel de Canadá en la perpetuación de la destrucción del ambiente y las violaciones de los derechos humanos a través de sus políticas mineras y comerciales. La sesión se realizó en los días previos a la Conferencia de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC, por sus siglas en inglés), una reunión emblemática de la industria minera mundial, que tendría lugar la semana siguiente en Toronto.
«La industria afirma que está construyendo el futuro, pero el único futuro que garantiza es el de la sequía, la contaminación y el desplazamiento», declaró James Yap, Fiscal de la Tierra. «Hoy rechazamos el mito de que la extracción a toda costa es inevitable. Pedimos el fin de la era del saqueo y el comienzo de una era de restauración, regeneración y respeto.»
Un patrón global de destrucción
Las pruebas presentadas al Tribunal dejaron claro que las actividades mineras plantean graves riesgos para las personas y el planeta: Ana Zbona, experta del Business & Human Rights Resource Center, explicó los efectos devastadores de la minería de minerales de transición en el contexto de la actual crisis climática, a través de las conclusiones del Transitions Minerals Tracker, que ha registrado más de 600 denuncias de abusos contra los derechos humanos relacionados con operaciones mineras a gran escala. Destacó el impacto desproporcionado de estas actividades en las comunidades indígenas, ya que más del 50% de los minerales de transición se encuentran cerca o en tierras indígenas. Además, subrayó los peligros a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos, siendo la minería el sector más peligroso para los activistas, ya que a menudo se producen amenazas, intimidaciones e incluso asesinatos.
En sus recomendaciones, Zbona pidió la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos, negociaciones justas con las comunidades y tolerancia cero con los ataques a los defensores, e instó a gobiernos y empresas a dar prioridad a las prácticas mineras responsables: «No tenemos que elegir entre luchar contra el cambio climático y proteger los derechos humanos. Una transición justa debe significar trabajar por una mayor equidad e igualdad globales, lo que significa que primero deben considerarse las opciones políticas para reducir la demanda de nuevos minerales.»
Chile: La falsa promesa de la minería «verde”
La testigo Valeria Sepúlveda, rechazó las afirmaciones de que la extracción de tierras raras en Penco (Chile) sirva a la transición energética. «No se trata de energía limpia, sino del complejo militar-industrial», afirmó. El proyecto avanzó sin consulta previa, deforestó ilegalmente zonas protegidas, amenazando al queule, entre otras muchas especies, y ha incumplido reiteradamente las normas ambientales. «Quieren sacrificar nuestra tierra, nuestra agua y nuestra comunidad por una mentira», advirtió. «Esto no es desarrollo; es destrucción». Sepúlveda subrayó que su comunidad lleva años luchando para proteger sus ecosistemas, proponiendo la creación de un parque protegido en lugar de permitir más industrias extractivas. «Queremos un parque, no una mina, queremos poder quedarnos en casa, no ser desplazados ni convertirnos en una zona de sacrificio».
El veredicto oral del Tribunal
En su declaración final, el juez Tom Goldtooth, de la Red Ambiental Indígena, manifestó que cada uno de los casos demostraba claramente la violación de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, reafirmando que la Naturaleza es un ser vivo y autorregulado con derechos inherentes, y cuestionó la legitimidad de los modelos de desarrollo impulsados por las empresas, exigiendo que los gobiernos, los inversores y las empresas rindan cuentas por su papel en la destrucción de las tierras y culturas indígenas. Además, citó los casos como una violación de la Declaración de la Semilla de Siena adoptada por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) y de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. «¿Quién le pregunta a la Naturaleza? ¿Quién le pide permiso a la Madre Tierra, al agua, al aire, para hacer el daño y la destrucción que están planeando hacer o que están haciendo actualmente?», preguntó. «Las violaciones de los Derechos de la Naturaleza son violaciones de los Derechos Indígenas y de los Derechos Humanos: uno no puede existir sin el otro». Viviana Herrera, de Mining Watch, destacó los peligros del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá firmado en febrero, que otorga a las empresas el poder de demandar a los gobiernos que rechacen proyectos mineros. Canadá lo presenta como un acuerdo comercial «inclusivo», pero las comunidades de primera línea han sido sistemáticamente excluidas de las negociaciones.
El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca Berger condenó la expansión de la minería bajo el pretexto de «minerales críticos para la transición energética», advirtiendo de que esta retórica se está utilizando para impulsar el modelo extractivista a expensas de las comunidades y los ecosistemas. «Se nos está forzando a una falsa urgencia para que la Naturaleza esté disponible para la transición energética», declaró el juez. «Se están debilitando las normas reguladoras y se está socavando la propia democracia para beneficiar a las corporaciones».
Para cerrar la sesión, Heather Milton Lightening, que presidió esta sesión del Tribunal, hizo un llamado directo para que se devuelvan las tierras y se ponga fin al colonialismo verde. «Como indígena de Canadá, quiero decir que es hora de recuperar nuestras tierras. Canadá está cometiendo ecocidio y debería ser responsable de la remediación y reparación de los daños en todos estos casos, incluida la expulsión de estas empresas de todos estos países. La transición debe ser justa, sin sacrificar a nadie». El Tribunal de los Derechos de la Naturaleza emitió una serie de recomendaciones urgentes que abordan las violaciones generalizadas de los derechos humanos y no humanos de las empresas mineras canadienses a escala local e internacional, con el respaldo del gobierno canadiense. Los jueces del Tribunal piden al Relator Especial de la ONU que investigue el impacto de la extracción de minerales críticos sobre los derechos de los pueblos indígenas, instan a la adopción de un Tratado Vinculante de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y exigen el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en los países afectados.
El Tribunal insta a los gobiernos a detener los proyectos mineros en zonas ecológicamente sensibles, a poner fin a la criminalización de los defensores del medio ambiente y a garantizar una auténtica consulta con las comunidades afectadas. En respuesta a estas violaciones generalizadas, el Tribunal declara a las empresas mineras canadienses culpables de infringir los derechos colectivos, los derechos indígenas y los derechos de la naturaleza. Una sentencia final, el «Nuevo Pacto con la Madre Tierra«, se presentará en la COP30 en Belém, Brasil, en noviembre de 2025, basándose en la primera sesión de la audiencia del 6º Tribunal Internacional en Nueva York durante la Semana del Clima 2024, con el tema «El fin de la era de los combustibles fósiles«, y esta segunda sesión en Canadá, para enfatizar que las industrias de los combustibles fósiles y la minería son componentes interconectados del mismo sistema destructivo y deben abordarse colectivamente.
Rol del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución dirigida por ciudadanos que aborda las violaciones contra la Naturaleza y los derechos de sus guardianes, responsabilizando a empresas y gobiernos de la destrucción ambiental. Al ofrecer recomendaciones jurídicas y amplificar las voces populares, el Tribunal promueve un marco de justicia ambiental basado en los Derechos de la Naturaleza.
Desde su creación, el Tribunal ha revisado casos en todos los continentes, abarcando cuestiones como el fracking, la deforestación, la extracción de combustibles fósiles, las infraestructuras a gran escala y la minería. Sus decisiones sirven de modelo para proteger la Naturaleza y defender sus derechos como base para una gestión eficaz y justa. Más información sobre el Tribunal aquí.
