“PERMISOLOGÍA”: UNA GUERRA CONTRA LA NATURALEZA
Publicado en El Desconcierto el 08 de diciembre de 2024
por Camila Zárate, Francisco Caamaño, Fernando Salinas y Gloria Alvarado
Dentro del marco del Gabinete “Pro-crecimiento y empleo”[i] y al igual que Sebastián Piñera lo hiciera hace unos años atrás con su “Agenda Pro-Inversión”[ii], Gabriel Boric y su ministro de hacienda Mario Marcel han decidido declarar en los medios “una guerra a la burocracia”[iii] para esconder la verdadera guerra, que es contra la Naturaleza.
Últimamente se ha escuchado el término “Permisología”, mediante el cual las asociaciones empresariales han instalado en la opinión pública que la necesidad de obtener permisos para iniciar sus negocios sería algo negativo. Es más, han instalado también la idea que la demora se daría solo por un simple problema de “burocracia administrativa” y no por falta de calidad en la información o de viabilidad social y ambiental de los mismos proyectos.
Lo relevante de esto es que el término “Permisología” no distingue entre los tipos de permisos, pudiendo estar incluidos los permisos “sectoriales”, que tienen una vinculación directa o indirecta con el medioambiente, o los propiamente “ambientales”, es decir, los que se obtienen mediante un proceso sostenido en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
De esta manera, un discurso fomentado por empresarios y economistas afecta ineludiblemente a la Naturaleza y termina incentivando cambios para flexibilizar aún más la deficiente legislación ambiental. En ese sentido, una pregunta interesante que ha surgido por expertos en la materia es ¿Por qué si lo que se busca es mayor certeza jurídica y menos permisos no se establecen derechamente prohibiciones? Por ejemplo, prohibiendo que se construya en áreas protegidas y humedales urbanos, “y así evitamos un enrevesado trámite para cumplir condiciones que son muy complejas para los promotores de proyectos”[iv]. Pero no, se ha preferido el camino de flexibilizar aún más la legislación ambiental como única vía para salir del supuesto problema.
De esta manera, la política “anti-permisología” del gobierno de Gabriel Boric incluye un paquete de Proyectos de Ley que han denominado “Propuestas Legislativas de Racionalización Regulatoria”. Todos estos proyectos, que mencionaré a modo informativo, flexibilizan la ya deficiente regulación ambiental que tenemos y dependen hoy de la votación de las Senadoras y los Senadores de la República.
El proyecto de ley principal, que “Establece una ley Marco de Autorizaciones Sectoriales” (Boletín Nº16566-03), se encuentra en la Comisión de Economía del Senado en segundo trámite constitucional con “urgencia Suma”. A su vez, el Proyecto de Ley que “Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia” (Boletín Nº16552-12) se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, en su primer trámite constitucional con “urgencia simple”. Asimismo, el Proyecto de Ley que Reforma las Concesiones Marítimas (Boletín N°8467-12) se encuentra ya en segundo trámite constitucional en la Comisión de Medioambiente del Senado. Y, finalmente el Proyecto de Ley que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural (Boletín N°12712-24) también se encuentra en segundo trámite constitucional y con urgencia simple en la Comisión de Cultura.
Como el proyecto de ley que “Establece una ley Marco de Autorizaciones Sectoriales” (Proyecto de “Permisología”) se encuentra en segundo trámite constitucional, es decir, a punto de aprobarse si nada se hace, vale la pena señalar un par de preocupaciones esenciales. Una de ellas es su artículo 4 que impide a los órganos sectoriales de la administración del Estado utilizar razones ambientales para rechazar proyectos. Otra preocupación importante es la del artículo 76, el cual establece que las microempresas que deban someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ya no deberán evaluarse ambientalmente, sino que sólo deberán presentar una declaración jurada.
Las organizaciones socioambientales ya han manifestado su absoluto rechazo a esta política asumida por el gobierno que prometía ser “el primer gobierno ecologista en la historia de Chile” durante su campaña electoral, y han enfatizando que este paquete de medidas legislativas significa “un retroceso inaceptable y un grave peligro para la protección de la naturaleza y los derechos de las comunidades, porque vulnera el principio de no regresión ambiental, por el cual un Estado que ha avanzado en la protección de la naturaleza, no debe poner marcha atrás”.[v]
Por su parte, la ciudadanía efectivamente está pidiendo más empleos de calidad, no más proyectos de índole extractivista que entregan trabajos precarios, destruyen ecosistemas, desincentivan el turismo, imposibilitan la agricultura local y remueven las economías locales, produciendo aún más inequidad en los distintos territorios.
En un país donde la corrupción ha sido escandalosa por los vínculos entre algunos sectores empresariales y el poder político, legislativo y judicial, no podemos tolerar que nuestros legisladores sigan emparejando la cancha a empresarios a costa de los derechos humanos ambientales y la protección de la Naturaleza.
