PEQUEÑOS REGANTES DEL MAULE EXIGEN RENUNCIA DEL DIRECTORIO DE "CANAL MAULE".
Las denuncias contra la Asociación Canal Maule, formuladas entre otros, por Luis Galvez Avila, presidente de los regantes de Río Claro en una columna publicada en el diario local El Centro, suman y siguen. Gálvez sostiene que las tres centrales hidroeléctricas instaladas en los canales fueron aprobadas como de pasada, pero la realidad y el manejo de los grandes canalistas, prueba que no lo son. Los pequeños regantes ya no tienen agua: dependen de la Asociación Canal Maule que por contrato con la empresa italiana HidroMaule, desvía el agua en favor de 3 centrales hidroeléctricas. A cargo de esta Asociación está la distribución de las aguas del río Maule para el riego de más de 60.000 hectáreas en la zona repartidas entre 4.000 regantes.
Catalina Arroyo, del Comité Ecológico de Molina, miembro del MAT, señala que es testigo del daño que esta situación ha generado en las familias de pequeños agricultores, que han buscado una solución desde mucho tiempo atrás. Agrega que hoy de nuevo “sale a la luz en la región del Maule otra nefasta muestra del sinsentido de la privatización de las aguas en Chile, dejando a agricultores sin agua para sus cultivos en favor del negocio hidroeléctrico, en donde se benefician unos pocos, los mismos de siempre”.
En ciertas épocas del año, los caudales de los canales disminuyen o se van a cero, dejando miles de hectáreas secas, para posibilitar el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas Mariposa, Lircay y Providencia. Estos regantes de la pequeña agricultura, no entienden por qué el directorio de Canal Maule presidido por José Manuel Silva Hurtado ha permitido más de una década de abusos. Ellos se preguntan a qué intereses ocultos responden, y agregan que además esa Asociación incurre en malos manejos económicos. Canal Maule anunció que planea invertir en nuevas oficinas, en lugar de hacerlo en revestir los canales matrices cuyo estado es crítico según los pequeños regantes.
Justicia sorda y DGA, ciega
La primera denuncia de mala gestión en la repartición de las aguas, la realizó un agricultor, Enrique Quezada en la Dirección General de Aguas (DGA), en el año 2013. Se hicieron parte de la denuncia posteriormente Isabel Carracedo y Mikael Browaldh. No hubo respuesta. Una nueva demanda se hizo con nº de rol C34.25, ahora con 33 demandantes, en el Tercer Juzgado de Letras de Talca. No existió respuesta. Los demandantes nunca fueron llamados a declarar y sus abogados Cristian Figueroa Risopatron y Javier Pineda abandonaron la causa sin explicación. El caso volvió el año 2022 a la Dirección General de Aguas, con una nueva denuncia, donde hasta ahora no se registra ningún avance. Sólo les han dicho que la denuncia está en revisión.
En un video del realizador Diego Olivos, figura el primer denunciante, hoy ya de avanzada edad y en delicado estado de salud, Eugenio Quezada. El realilzador demuestra en ese video que la Asociación Canal del Maule, debido a un contrato con la empresa Hidromaule, gestiona las aguas de esa región agrícola favoreciendo el funcionamiento de las 3 centrales hidroeléctricas de esa empresa italiana. El contrato de HidroMaule con la Asociación Canal Maule, dejó prácticamente sin agua a los pequeños agricultores de zonas como Pelarco, Río Claro, San Rafael, Huencuecho, Cumpeo y Camarico y otros predios de la región del Maule. Ese contrato nunca fue revisado por la asamblea del conjunto de grandes y pequeños regantes. Ahora los agricultores ya han dicho basta a estos abusos.
En el reportaje publicado por el medio local El Centro, se explica que las centrales hidroeléctricas desvían agua de riego hacia sus turbinas para mantener la rentabilidad, dejando vastas áreas sin irrigar durante el invierno para cumplir con los contratos.
«La capacidad de Hidromaule para controlar la mayoría de las compuertas estratégicas facilita la violación de protocolos y acuerdos, algo de lo que el directorio de la asociación, pese a estar informado, no ha tomado las medidas adecuadas», afirma ese medio. Las denuncias se han hecho llegar a la Dirección General de Aguas (DGA), y según el mismo medio, Luis Huerta Valdés, jefe del departamento de información de Recursos Hídricos de la DGA, indicó que los expedientes de 2013 y 2022 están “en revisión”.
Por su parte, Carolina Ríos, Directora Regional del Maule de la DGA, respondió al diario El Centro que se están tramitando todas las denuncias contra el directorio de la Asociación Canal Maule. Pero ellos aún no han determinado la admisibilidad de las denuncias pese a que el asunto se arrastra por más de una década. A nivel nacional también está presentada la denuncia, con igual resultado nulo a la fecha.
Esta es una nueva muestra de cómo la privatización de las aguas en Chile, permite que los grandes aguatenientes hagan negocios a espaldas de los pequeños regantes, perjudicando tanto el sustento de estas familias como la producción de alimentos que nutren a la población.
Este tipo de situaciones, que no sólo existen en Maule sino en otras regiones del país son las que explican la crisis de la agricultura familiar campesina en Chile y la disminución de siembras, que muchos atribuyen sólo al cambio climático, pasando por alto que la privatización del agua y por tanto, la concentración de los derechos de agua en manos de unos pocos, que es un factor determinante en esta crisis.
El agua y la Convención 2021/2022
La Asociación Canal Maule, cuyo directorio representa los intereses de los grandes regantes, lideró en la región en 2022 una activa campaña contra la Convención Constituyente.
El Estatuto de las Aguas incluido en el texto de la Constitución votada en 2022, establecía en su artículo 140 que “siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos”. El artículo 142 encomendaba a la Agencia Nacional del Agua otorgar las autorizaciones de usos de agua, de carácter incomerciable según la disponibilidad efectiva de aguas (no se comprarían ni venderían, es decir no serían una mercancía como los actuales derechos de agua), y obligaba a los titulares a usarlas sólo para lo solicitado. La Agencia Nacional del Agua, un organismo autónomo que no dependería del gobierno de turno, podría (Artículo 144 c) “otorgar, revisar, modificar, caducar o revocar autorizaciones de uso de agua”, entre otras atribuciones que incluían fiscalizar el uso responsable y sostenible del agua. Debía gestionar el agua en todo Chile, sancionar el uso indebido del agua e impulsar la constitución de los consejos de cuenca para realizar esa gestión, con una gobernanza participativa.
La campaña “Apruebo por el Agua” que lanzó MAT para expresar su apoyo a lo logrado por los ecoconstituyentes con el voto del bloque popular en la Convención respecto de terminar con la privatización del agua, fue ferozmente combatida por la Asociación Canal Maule y otros sectores del empresariado agrícola en el país, que lanzaron noticias falsas, como que el Estado iba a despojar a los pequeños regantes de sus derechos de agua. Lo acordado en la Convención iba en el sentido de terminar con el poder de los actuales dueños del agua en Chile, poder que ostentan entre otros, personas como las que integran el directorio de Canal Maule.
Como Movimiento por el Agua y los Territorios MAT expresamos nuestra solidaridad con los pequeños regantes del Maule. El Estado de Chile y sus gobiernos, desde el 2013 en adelante han permitido un actuar negligente del órgano fiscalizador, la DGA. y por ello han sido cómplices de este desastre agrícola en la región del Maule, y siguen siéndolo hoy. La DGA debe responder de una vez por todas a las denuncias de los regantes.
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