En el Día de la Tierra se inicia, en la Sede de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) en Santiago de Chile, la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, la cual tendrá lugar entre el 22 y 24 de abril de 2024.

Esta fecha constituye una oportunidad para reflexionar sobre la situación social y ambiental en Chile, país con un modelo económico de carácter extractivista que le ha declarado la guerra a la Naturaleza, a la ciudadanía, las comunidades locales, y los pueblos originarios, imponiendo “zonas de sacrificio” en los territorios.

La activa destrucción de los bienes comunes, unida a una rápida degradación ambiental, son consecuencias directas de los actuales patrones de consumo y de producción, los cuales son insostenibles para la vida en el planeta. El cambio climático, la fragmentación y el cambio de uso de la tierra, la deforestación, el uso indiscriminado de pesticidas peligrosos, la destrucción de la biodiversidad, así como el comercio legal e ilegal de especies silvestres, están impactando gravemente la salud de las personas y la Naturaleza.

En esta línea, Chile es un territorio en Sacrificio, y las cifras lo demuestran. El Ranking Mundial de Estrés Hídrico, publicado por el Instituto Mundial de Recursos, posicionó a Chile en el puesto número 18 de 164 países y el primero de Latinoamérica. A su vez, según el último reporte del estudio de Lancet Countdown Sudamérica, somos el país de Sudamérica con más muertes por contaminación ambiental con 240 muertes por millón de habitantes. Y no podemos olvidar que Chile también es el primer país de Latinoamérica en agotar sus elementos naturales en el año, teniendo como fecha de “sobregiro ecológico” el próximo 15 de mayo. Son cifras alarmantes que dan cuenta de una verdadera crisis.

Pese a todo, como respuesta a esta crítica situación ambiental, el autodenominado gobierno ecologista del presidente Gabriel Boric en alianza con los grupos políticos-empresariales y compañías transnacionales, intenta darle un maquillaje «verde y azul» al extractivismo minero, forestal, semillero, pesquero y energético, impulsando políticas de mitigación y adaptación donde predominan las “Falsas Soluciones” o iniciativas que afirman avanzar en enfrentar el cambio climático pero que mediante engaños, falencias técnicas y supuesta innovación tecnológica sólo profundizan la inequidad y el ecocida proceder de las destructivas industrias exportadoras. Todo ello evidencia que estamos ante un gobierno que continúa con las políticas neoliberales de los anteriores gobiernos. 

La explotación de 33 salares en el Norte del país, entregando 26 de ellos a privados; la aceleración de entrega de permisos a megaproyectos extractivistas, mediante una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que promete a los empresarios reducir en promedio un 30% el tiempo de tramitación de todos sus permisos sectoriales; y la ratificación del Tratado TransPacífico de Cooperación Económica (TPP-11), para poco después firmar el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, dan cuenta del rumbo que ha tomado este gobierno en materia de políticas económicas y ambientales. La inconsulta Resolución N°162 (9/04/2024) del gobierno cuestiona la soberanía alimentaria al   generar un listado de carácter público  que expone a guardadores de semilla tradicional, sus variedades y sitios de cultivo bajo el disfraz de la “protección”. La medida limita la práctica ancestral del libre intercambio de semilla, cumpliendo con las empresas semilleras (ANPROS) y del INIA  para avanzar en el registro y certificación de la semilla antigua,  despojando a los territorios de su patrimonio genético.  Estamos en un país donde los gremios empresariales, convertidos en “poderes fácticos” co-legislan en el parlamento mediante el empleo del lobby, implementando campañas políticas y comunicacionales para debilitar, bloquear, o condicionar proyectos de ley que protegen la Naturaleza, los animales, la salud pública y la biodiversidad, acompañado de acciones en los tribunales para debilitar los controles gubernamentales, la participación y el control ciudadano y de las comunidades, junto a campañas de amedrentamiento contra defensores y defensoras de la Naturaleza y los derechos humanos.

Este crítico escenario ha sido denunciado en el reciente reporte de marzo del 2023 de David Boyd, Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, quien señaló que Chile enfrenta múltiples crisis ambientales interconectadas que violan los derechos humanos, estableciendo zonas de sacrificio.

Proteger la Naturaleza exige denunciar estas políticas anti-ecológicas de las autoridades y continuar luchando de manera coordinada desde los territorios, para la construcción de un nuevo paradigma de sociedad no antropocéntrica, que reconozca los Derechos de la Naturaleza y transite hacia una Economía post-desarrollista, post-extractivista y Ecológica, que proteja y gestione de manera comunitaria y sustentable los elementos de la Naturaleza y declare al Agua como un Bien Común Inapropiable.

En el ámbito de aguas marítimas, también se hace urgente la protección de los ecosistemas y la biodiversidad terrestre y acuática, la moratoria a la expansión de la mega acuicultura industrial exportadora en la Patagonia y defender los territorios, bienes comunes, y Espacios marino Costeros de los Pueblos Originarios.

Ante todas estas agresiones, recordamos que: SOLO LA LUCHA DA LO QUE EL CAPITALISMO ECOCIDA NIEGA ¡RESISTENCIA SOCIOAMBIENTAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA! ¡NO MÁS TERRITORIOS EN SACRIFICIO!, ¡SIN NATURALEZA NO HAY VIDA!

Movimiento por el Agua y los Territorios – MAT