Organizaciones ecologistas solicitan al Gobierno y Senado poner fin a la regresión ambiental

14 de enero de 2025

Las organizaciones firmantes vemos con preocupación la agenda pro-inversión que el gobierno ha impulsado a nivel legislativo y territorial, dicha agenda va en contra del principio preventivo y precautorio, por lo que es regresiva en términos ambientales y sociales, ya que se está colocando en peligro a ecosistemas únicos de nuestro país, como también la posibilidad de impulsar actividades económicas a nivel local que hagan sentido y reconexión con los ecosistemas y las comunidades que allí habitan.

Algunas de las temáticas que generan preocupación son los siguientes:

• Proyecto de ley de permisos sectoriales. Este proyecto hoy se encuentra en segundo trámite en el Senado y está estableciendo modificaciones regulatorias a instituciones como el silencio administrativo y las declaraciones juradas, como también la modificación de trámites que son importantes para asegurar que los proyectos cumplan con lo estipulado por la administración. Además se impulsa el proyecto sin considerar la contratación de más personal, que es el principal elemento que produce demoras en el sistema.
• Proyecto de ley que reforma al SEIA. Este proyecto contempla modificaciones graves para la evaluación ambiental. Por ejemplo, se propone que un proyecto de inversión que se está evaluando ambientalmente pueda reducir a la mitad los plazos de evaluación si éste se declara como un proyecto que debe resolverse de forma “urgente”.
• Ingreso de indicaciones al proyecto de administración del borde costero y concesiones marítimas. Estas indicaciones tienen la lógica de mirar el ecosistema marino como una despensa de temas productivos. Entre los elementos más preocupantes está la eliminación de las comisiones regionales de uso de borde costero, que son las que se pronuncian sobre las solicitudes de concesiones marítimas que pueden afectar gravemente a las comunidades locales, y la eliminación de la regulación de las zonificaciones costeras regionales y de la política nacional de uso del borde costero, reduciendo la administración de la costa al otorgamiento de concesiones.
• A su vez, la arremetida de la industria del Hidrógeno Verde, validada por los ministerios productivos del gobierno, sin ocuparse de la escala y los emplazamientos de estas, que dan manga ancha a la pérdida de ecosistemas únicos.
• La escalada de proyectos de inversión en materia de litio, que amenazan salares que se destacan a nivel internacional, donde incluso muchas de las empresas que pretenden ingresar con proyectos tienen un conocido mal comportamiento ambiental por el que ya han sido sancionadas.
• La falta de compromiso para caducar concesiones a la salmonicultura en áreas protegidas. 

La lista es larga y podríamos seguir enumerando elementos preocupantes, como Escazú, la baja implementación del Servicio de Biodiversidad o la Ley de Cambio Climático, el aplazamiento de la ley de plásticos de un solo uso, entre muchas iniciativas más. 

Por último es reprochable que el gobierno y sus ministros instalen el peyorativo término de la «permisología», como si todo dependiera de los plazos. Es conocido por todo el mundo, que proyectos de inversión deficientes, a los que ni siquiera debiera darles tramitación, son mejorados por el Estado en la evaluación ambiental.

Sumado a lo anterior, la agenda de inversión que se está instalando en las diversas regiones no conversa con los territorios y no se hace cargo de las consecuencias que ya se están viviendo con la crisis climática y ecológica.

Por todo lo anterior, solicitamos que estas agenda pro-inversión sea revisada y su discurso rectificado por el gobierno y que se rechace por las Senadoras y los Senadores sus Propuestas legislativas de Racionalización Regulatoria, por tratarse de políticas regresivas en términos ambientales y sociales, que ponen aún más en riesgo los derechos humanos ambientales y de la Naturaleza.

ADHIEREN (en orden alfabético):