El actual desistimiento del Proyecto Solar Fotovoltaico El Sobrante constituye un hito en la defensa comunitaria frente a iniciativas que, bajo el discurso de las energías limpias, se presentan como falsas soluciones. La empresa Fotovoltaica Itahue SpA ingresó en agosto del 2024 este proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través de una Declaración de Impacto Ambiental, intentando reducir su complejidad y omitiendo los impactos significativos que generaría sobre el territorio, la comunidad y el patrimonio cultural. Con una inversión estimada en 181 millones de dólares, un impacto en 106 hectáreas y una vida útil de apenas 30 años[1], el parque no estaba diseñado para aportar al bienestar de la población local, sino para conectarse a la red nacional, cuya línea paradójicamente estaba conectada a las empresas mineras de la IV región. El proyecto se emplazaba en la comunidad de el Sobrante, la cual es una zona precordillerana de la comuna de Petorca, rica en biodiversidad, con ecosistemas en recuperación tras años de sequía y escasez hídrica, y con un invaluable patrimonio cultural con petroglifos que son parte de la memoria e identidad territorial.

Durante el proceso de evaluación, la comunidad presentó 20 observaciones ciudadanas y 12 solicitudes formales de participación, amparadas en la legislación ambiental vigente. Estas observaciones pusieron en evidencia las omisiones, errores y subestimaciones de la Declaración de Impacto Ambiental. Se denunciaron los impactos sobre la salud de los vecinos, muchos de ellos viviendo a menos de 20 metros del área de emplazamiento, donde habitan adultos mayores, niños, niñas y personas con condiciones de salud delicadas. La remoción de más de 28 mil metros cúbicos de suelo, las emisiones de polvo en suspensión y el ruido de la maquinaria durante la fase de construcción se reconocieron como amenazas directas a la calidad de vida de los habitantes. Además, se advirtió sobre los riesgos de incendios químicos en los módulos fotovoltaicos, con liberación de toxinas respiratorias y metales pesados en caso de siniestro, lo que no había sido debidamente contemplado en el plan de contingencias del titular. A esto se sumaban las dudas sobre el plan de cierre, que omitía información sobre el destino de los paneles una vez terminada su vida útil, en un país que no cuenta con infraestructura suficiente para su disposición final.

Otro aspecto central de las observaciones fue la afectación al medio natural. La línea de base de flora y fauna del proyecto se elaboró en apenas cinco días de muestreo, sin cubrir todas las estaciones del año, lo que generó un registro incompleto e insuficiente. Los vecinos señalaron la presencia no registrada de guanacos que utilizan la zona como refugio en invierno, así como la subestimación de especies en categoría de conservación como Porlieria chilensis y Maihueniopsis ovata. La remoción de estas especies vulnerables y la fragmentación del hábitat significaban un riesgo grave para la biodiversidad local, en un ecosistema ya debilitado por la crisis hídrica. Asimismo, se advirtió que la intervención podía alterar caudales subterráneos que alimentan el río El Sobrante y, en consecuencia, el río Petorca, recursos fundamentales para la agricultura, el pastoreo y el consumo humano de las comunidades locales.

Las observaciones también destacaron la ausencia de beneficios reales para la población. En la línea de base de medio humano, se incluyeron entrevistas que resultaron ser falsas, atribuyendo participación a dirigentes que nunca habían sido consultados. Se ignoró la existencia de al menos quince familias que viven frente al área de intervención, así como a productores caprinos y bovinos que utilizan las quebradas para el pastoreo. La comunidad enfatizó que este proyecto no generaba empleos permanentes ni aportaba al desarrollo local, sino que ponía en riesgo prácticas productivas tradicionales como la ganadería y el turismo rural. La intervención de rutas de trekking, mountain bike y cabalgatas, así como la destrucción del paisaje cordillerano, implicaba un retroceso para las iniciativas comunitarias de turismo patrimonial y cultural, como las rutas turísticas que ponen en valor a los petroglifos. La instalación de paneles solares en un lugar sagrado y patrimonial era vista como una agresión directa a la identidad cultural, una forma de borrar los vínculos ancestrales de la comunidad con su territorio.

A esto se suma que el proyecto estaba catastrado en el mapeo de las falsas soluciones de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática[2], lo que reafirma que no se trataba de energía limpia para el bienestar local, sino de infraestructura al servicio de la oferta y la demanda de energía, con costos sociales, ambientales y culturales incalculables. La suma de todas estas observaciones reflejó que el proyecto respondía a un modelo de desarrollo extractivista, en que las comunidades son marginadas de las decisiones y sus territorios transformados en territorios de sacrificio. Ante esta presión organizada y la evidencia de sus falencias, el titular decidió desistir formalmente del proyecto, poniendo término al procedimiento de evaluación ambiental. Este desenlace representa un triunfo de la comunidad organizada, que no solo logró detener un megaproyecto impuesto, sino que dejó en claro que la transición energética debe construirse desde los territorios y con las comunidades, y no a costa de ellas.

[1] Ver ficha del proyecto en el Servicio de Impacto Ambiental: https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expediente=2162930011

[2] Ver el mapa de las falsas soluciones:  https://www.mapafalsassoluciones.com/