por Espacio Día a Día x Julia Chuñil

Viernes 07 de noviembre 2025

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Las organizaciones sociales, de defensa y promoción de los derechos humanos, organizaciones socio ambientales; organizaciones indígenas, de mujeres y del área de la cultura y comunicación reunidas en el Espacio Día a Día por Julia Chuñil, demandamos al Presidente de la República, Gabriel Boric Font que oficie a la Corte Suprema para iniciar un proceso de remoción del Fiscal Nacional Ángel Valencia Vásquez, con base en la causal de negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, detallada a continuación. Al cumplirse un año de la desaparición forzosa de Julia Chuñil Catricura, dirigente de la Comunidad Putreguel, ocurrida el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, la fiscalía no ha logrado establecer la verdad y ha sido incapaz de llegar a la etapa preparatoria del juicio. La remoción del Fiscal Nacional sería un gesto digno que marcaría un final distinto de su mandato.

En la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, la institución bajo el mando de Valencia ha obstruido el derecho a la Justicia que tiene la familia de Julia Chuñil dejando de lado su deber de protección de las víctimas y de defensa de la legalidad ante un crimen de desaparición forzada que nos lleva a preguntar en Chile y el exterior, sin descanso y desde hace un año: DONDE ESTÁ JULIA CHUÑIL CATRICURA.

Este 8 de noviembre miles de voces en distintas localidades y regiones del país y más allá de nuestras fronteras, en América Latina (PuelMapu y Abya Yala) y Canadá, así como en ciudades de Europa expresarán su rotundo rechazo al desempeño de la justicia chilena y protestarán por su carácter racista y clasista, apoyando a la familia de Julia Chuñil y al pueblo mapuche. Para estos sectores de chilenas y chilenos y de pueblos indígenas movilizados en el exterior y en los territorios, este caso evidencia el trato discriminatorio y neocolonial del Estado de Chile al pueblo mapuche, asociado a la criminalización de sus luchas, al despojo histórico y al permanente estado de excepción decretado por su gobierno.

Valencia ha permitido que una subordinada suya, la fiscal regional, desconozca ante la prensa la condición de defensora de Julia, en flagrante contradicción con sus propios lineamientos respecto de la búsqueda de personas desaparecidas.

Nos preguntamos por qué el Fiscal Valencia respalda a estos fiscales que dejan de lado su rol persecutor ante una desaparición forzada, que es un crimen compuesto por una secuencia de múltiples delitos, y deja sin investigar delitos tan graves como la retención y el secuestro de una persona, torturas, homicidio, inhumación y exhumación ilegales de un cuerpo y otros delitos, como los turbios manejos de CONADI asociados a ellos. Y porque, como Fiscal Nacional, ante la presión internacional, dice que actuará respetando la debida diligencia, pero ampara una investigación que se reduce a la persecución de la familia y a la filtración de información sesgada a los medios de comunicación, lo que deslegitima el rol del Ministerio Público ante la ciudadanía.

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Ha transcurrido un año de marchas cada mes, pero también de foros, charlas, canciones y rap, poemas, videos, bordados, rogativas, programas de radio, y acciones de arte que van de los extremos sur a norte del país, en ciudades, cerros y costa… porque los pueblos estamos aprendiendo a defender a los defensores. En un encuentro internacional virtual, en un encuentro estudiantil y en eventos internacionales, el caso se ha destacado. La investigación independiente impulsada desde Día a Día fue develando intereses ocultos en la trama entre CONADI y el empresariado forestal y opacando los montajes en marcha. Al parecer, la ofensiva mediática contra la familia de Julia, propiciada desde los intereses del orden establecido, no tuvo el efecto buscado, y la exigencia de verdad y justicia permanece intacta y se amplía, encontrando la represión.

Pero la lucha de verdad y justicia por Julia Chuñil, mapuche, pobre y mujer, sólo puede crecer más día a día, como dice nuestro espacio. Racismo, opresión de clase y patriarcado se unen hoy como aspectos fundantes del Estado chileno, al servicio del gran empresariado extractivista, cuyos medios de prensa predican que los defensores ambientales son un obstáculo para el progreso y la inversión.

El tema de Julia Chuñil fue relevado por los relatores en el Examen de Chile ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales de Naciones Unidas que atendiendo nuestro reporte, remitieron nuevas recomendaciones el 26 de septiembre señalando al Estado que debe a) “Continuar asegurando la implementación efectiva del Protocolo para la defensa de personas defensoras de derechos humanos y la asignación de los recursos financieros, técnicos y humanos“ y b) “Investigar de manera exhaustiva, imparcial y eficaz todas las denuncias de atentados contra la vida, la integridad física y la libertad de personas defensores de los derechos humanos y para evitar la impunidad, y que las víctimas reciban una reparación integral y adecuada”.

Sabemos que el mismo policía de apellido Arriagada responsable de los peritajes en terreno aplicó de forma sesgada y arbitraria el geo radar en el terreno y no conforme con ello, orientó interrogatorios hacia la familia, amenazando a la hija de Julia para que se inculpara, echando mano a su arma en presencia de la fiscal que litiga por la prensa. Ella obtuvo autorización para el operativo con base en muestras de sangre inexistentes según los peritajes entregados a la Suprema por la defensa. Por las filtraciones sabemos que hay testigos protegidos y que los fonos de los hijos fueron interceptados. Valencia ha tolerado que ese ministerio haya privado a la familia de Julia Chuñil de la calidad de víctima, sometiendo a la familia a apremios psicológicos durante 12 largos meses en lugar de cumplir las exigencias de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A nivel internacional, lo ocurrido es grave por contravenir, además, el protocolo del Convenio de Escazú, que claramente considera a Julia Chuñil defensora ambiental. Recientemente se debió activar el artículo 9 de dicho instrumento, para la protección de la familia de la defensora.

En ese marco, exigimos que se ponga término a esta bochornosa y negligente actuación de la Fiscalía Nacional bajo el mando de Ángel Valencia y se inicie en forma oportuna el uso de los mecanismos que impidan la consagración de la impunidad. Además, el país sabe que este no es el único caso de actuaciones sesgadas y escandalosas de la Fiscalía Nacional.

Presidente Boric, su gobierno, que inició el Plan de Búsqueda sobre las personas detenidas y desaparecidas en la dictadura, debiera incluir ahora mismo el caso de Julia Chuñil y de otros desaparecidos en democracia como una clara señal a los negacionistas de que el país no tolera más desaparecidos.

¡A SANEAR EL MINISTERIO PÚBLICO AHORA! ¡DEFENDAMOS A LOS DEFENSORES!

¡VERDAD Y JUSTICIA PARA JULIA CHUÑIL!

¡NO MÁS IMPUNIDAD!